El desarrollo de la Ley Básica de Atención a la Dependencia es sumamente importante, no sólo para dependientes y futuros dependientes, sino por la elección entre lo público y lo privado, que a quien más va a afectar es al futuro de las mujeres de este país. Es necesario dar el reconocimiento de lo que esta iniciativa supone como avance social, pero... ¡cuidado con las trampas! Las mujeres que durante siglos hemos sido las garantes del cuidado y la atención a las personas dependientes: niños, enfermos y mayores, y hemos tenido que soportar casi en solitario su carga, debemos estar muy atentas a los recursos que nos ofrece esta ley.En este momento, según datos, 4,5 millones de familias necesitarían en el Estado español prestar algún tipo de atención, ayuda o cuidados a sus familiares, siendo más del 80% de los cuidados impartidos por mujeres. El cómputo de horas anuales de dedicación a estos familiares con dependencias y/o a personas mayores sería de 9 millones de horas, lo que equivaldría a la creación de 5,2 millones de empleos si no se realizaran de forma gratuita y voluntarista.Según la ley, todos los españoles mayores de tres años que no puedan valerse por sí mismos (dependientes), tendrán derecho a recibir atención pública o, al menos, subvencionada, y los cuidadores familiares, de los cuales el 84% son mujeres, tendrán una compensación económica por este trabajo si se dan de alta en la Seguridad Social. Ante unos titulares del ministro Caldera de que "400.000 personas recibirán ayuda por atender a familiares dependientes" parece que se cambia el derecho de los y las dependientes por el de sus cuidadoras, a quienes se quiere perpetuar ahora con una ayuda , y condenarlas a una vida incompatible con su derecho a la salud física y psíquica, al empleo, al ocio y a la vida personal. Supongo que aquí también la modernidad nos dirá que más vale que se les pague en vez de hacerlo gratis, cuando la solución sería que fuera el Estado quien se encargara mientras que esas mujeres desempeñan un puesto en la sociedad elegido libremente.Es preocupante también que el ministro de Trabajo, de quien dependen tanto las políticas de protección social como las de empleo y de igualdad entre hombres y mujeres, diga que a esas cuidadoras familiares, que no recibirán un salario sino una ayuda económica, se las computará como ocupadas. El artículo 35 de la Constitución señala que en ningún momento puede hacerse discriminación por razón de sexo, es "al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer nuestras necesidades" a lo que realmente tenemos derecho.Esta Ley no responde a la obligación de cubrir las necesidades de gran número de personas dependientes y de ahondar en la promoción de su autonomía, algo que sin duda no se conseguirá al mantenerlas, en la mayoría de los casos, con un 100% de dependencia a sus familias.Tenemos que conseguir una ley que, basada en una buena oferta de servicios para atender la dependencia desde la red pública, cuestione el modelo capitalista y patriarcal de la sociedad, con la mujer esposa, madre y cuidadora; y que apueste nítidamente por la defensa y potenciación de lo público, lo que provocaría fortalecer el estado del bienestar y en este caso la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, garantizándoles previamente la formación necesaria.La existencia de una buena red de servicios separaría a la mujer de su supuesta obligación de cuidadora, facilitaría la igualdad de acceso al mercado laboral y daría una alternativa pública al problema grave de la dependencia sin machacar a nadie.Es por lo que muchas mujeres de la calle, de partidos políticos y de asociaciones, vemos con preocupación el diseño definitivo de esta Ley, ya que más de un millón de cuidadoras familiares no pueden ser el precio de la vida de otros, y creemos en la urgencia de potenciar un sistema público que reparta socialmente esta tarea, con la cobertura universal de la ayuda a domicilio, centros de día o residencias asistidas, no con ayudas a las más sacrificadas de las familias para que se sigan sacrificando, y rechazamos una encubierta pero segura permanencia y vuelta a casa de las mujeres.
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